El Ayuntamiento de Toledo ha aprobado el proyecto para establecer una Zona de Bajas Emisiones en el Casco Histórico, una medida largamente esperada pero también polémica.
El plazo para presentar alegaciones estará abierto hasta el 25 de agosto, en pleno verano, cuando muchos vecinos están de vacaciones, lo que podría limitar la participación ciudadana en un asunto que afecta a miles de personas.
La ZBE nace de la obligación impuesta por la Ley de Cambio Climático, que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a reducir la contaminación atmosférica y fomentar la movilidad sostenible.
En el caso de Toledo, la aplicación de esta ordenanza permitirá al Ayuntamiento seguir recibiendo ayudas estatales para el transporte público, un argumento que ha servido para justificar la premura en su aprobación.
La zona afectada será únicamente el Casco Histórico, pese a las críticas de algunos grupos de la oposición como PSOE e IU-Podemos, que reclaman una extensión de las restricciones a otros puntos con altos niveles de tráfico y contaminación, como la TO-23.
Los puntos de control estarán situados en lugares estratégicos: Puerta de Bisagra, Cuesta de Doce Cantos, calle Gerardo Lobo y Paseo de Recaredo.
Allí se instalarán cámaras para controlar quién entra y quién no. En principio, los vehículos más contaminantes, es decir, aquellos sin distintivo ambiental, no podrán acceder desde el momento en que la norma entre en vigor.
Los de etiqueta B tendrán un poco más de margen: hasta finales de 2029, salvo que pertenezcan a residentes, autónomos o empresas con sede en Toledo, que podrán entrar hasta el 31 de diciembre de 2030.
El Ayuntamiento contempla excepciones: podrán acceder libremente los vehículos con etiquetas 0, ECO y C, así como los de servicios de emergencia, fuerzas de seguridad, vehículos históricos y ciclomotores ligeros.
También se permitirá la entrada a residentes empadronados antes de la entrada en vigor de la ordenanza y a vehículos utilizados para carga y descarga en los horarios permitidos.
Además, el Consistorio podrá autorizar de manera excepcional el paso de otros vehículos por razones de interés general, seguridad, salud pública o protección civil.
La medida se apoya en un estudio que revela que el Casco Histórico registra niveles de contaminación más altos que otras zonas de la ciudad, en buena parte debido a su complicada orografía, con calles estrechas y empinadas que exigen un mayor esfuerzo de los motores de combustión.
Esto se traduce en más emisiones de partículas contaminantes, que no solo perjudican la salud de los vecinos, sino que también contribuyen al deterioro de los edificios históricos, muchos de ellos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
A ello se suma el efecto isla de calor que se produce en el Casco, donde las temperaturas son más altas que en otras zonas de Toledo, lo que agrava aún más el impacto de la contaminación.
Para mitigar las consecuencias de la nueva ordenanza y favorecer una transición menos brusca, el Ayuntamiento ha invertido cuatro millones de euros procedentes de fondos europeos en el despliegue del sistema SIMUSET, que incluye cámaras, sensores de calidad del aire, paneles informativos y otras herramientas tecnológicas.
Todo esto forma parte de una estrategia más amplia recogida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo, que también está siendo revisado para adaptarse a la nueva realidad de la ciudad.
Una de las grandes cuestiones que planean sobre este proyecto es su alcance limitado. Aunque el Casco Histórico concentra problemas específicos de contaminación y tráfico, hay quienes consideran que la medida tiene un carácter más simbólico que efectivo, al no extenderse a otras zonas donde también hay problemas de calidad del aire.
Los críticos apuntan que la política de movilidad de Toledo debería ser más ambiciosa y abarcar a toda la ciudad para que las restricciones no sean solo un gesto de cara a Europa y a las subvenciones estatales.
Otro foco de controversia es la moratoria para los vehículos más contaminantes de residentes, autónomos y empresas locales, que podrán seguir accediendo hasta 2030.
Algunos sectores creen que esto puede diluir el impacto positivo de la ZBE en el corto plazo, prolongando la presencia de vehículos antiguos y contaminantes en el centro histórico durante varios años más. P
or otro lado, para los afectados directamente, la moratoria es insuficiente y creen que deberían ampliarse las excepciones para no perjudicar la actividad económica ni complicar la vida de los vecinos.
Toledo se suma así a la lista de ciudades españolas que ponen en marcha zonas de bajas emisiones, pero lo hace con un modelo particular y discutido: limitado geográficamente, con exenciones amplias y un plazo de adaptación prolongado.
La polémica está servida y el plazo de alegaciones de este verano promete abrir un intenso debate ciudadano.
La gran pregunta es si esta ZBE será realmente eficaz para proteger la salud, el patrimonio y la calidad de vida en el Casco Histórico o si, como denuncian algunos grupos, se quedará en una medida cosmética más preocupada por cumplir plazos y acceder a subvenciones que por resolver los problemas estructurales de movilidad y contaminación de la ciudad.
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