Desde este 1 de julio, las calles del centro de Salamanca están oficialmente cerradas a los coches más contaminantes.
La medida, que nace como antesala de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), ha comenzado a funcionar con la activación de las denominadas cámaras azules, dispositivos instalados para registrar de manera automática las matrículas de los vehículos que acceden a la zona restringida.
Sin embargo, el Ayuntamiento ha decidido aplicar un periodo de gracia de tres meses en el que las infracciones no se sancionarán de inmediato, sino que se enviará primero una carta de advertencia al conductor.
En otras palabras, la primera multa la «perdona» el Ayuntamiento, lo que ha generado cierta polémica entre los ciudadanos que consideran que este inicio es demasiado laxo.
A pesar de tratarse de un sistema que apunta a reducir la contaminación y a limitar progresivamente la presencia de coches en el centro, la realidad es que actualmente cerca de 19.000 vehículos disponen de autorización para circular libremente por la zona.
Este dato es especialmente llamativo si se tiene en cuenta que el censo de vecinos empadronados en el centro histórico apenas supera las 10.000 personas.
Es decir, hay más vehículos autorizados que residentes, lo que pone en duda la eficacia real de la medida para descongestionar el tráfico y reducir la contaminación.
El acceso al centro se ha estructurado en diferentes niveles. Algunos vehículos pueden circular sin restricciones: bicicletas, ciclomotores, vehículos de movilidad personal como los patinetes eléctricos y, por supuesto, los vehículos empadronados en la zona.
Otros deben contar con autorizaciones específicas, bien sea de carácter indefinido, como es el caso de los titulares de garajes, los servicios públicos esenciales, los taxis, los vehículos históricos o los destinados a personas con movilidad reducida.
También existen permisos temporales para aquellos que, por ejemplo, accedan a hoteles, colegios, oficinas, consultas médicas, o simplemente para quienes visitan a un vecino o realizan mudanzas.
Esta amplia variedad de excepciones ha llevado a muchos a preguntarse si realmente estamos ante una limitación efectiva o si, por el contrario, se trata de un sistema que, en la práctica, permitirá mantener la misma intensidad de tráfico que hasta ahora.
La propia configuración del sistema parece dejar claro que el control por emisiones será un objetivo a largo plazo.
Las restricciones basadas en las etiquetas medioambientales de la DGT no serán una realidad hasta dentro de varios años, cuando se comience a impedir progresivamente el acceso a los vehículos más contaminantes. Mientras tanto, la entrada al centro dependerá exclusivamente de tener o no la autorización pertinente.
Lo más curioso es que el periodo de advertencia, que se alargará hasta el 30 de septiembre, supone en realidad que las primeras sanciones solo se aplicarán a partir del mes de octubre.
Hasta entonces, cualquier conductor que acceda sin permiso recibirá una carta de aviso, pero podrá seguir entrando hasta que reciba esa comunicación oficial.
Esto significa que no será sancionado por las posibles entradas anteriores al aviso. El Ayuntamiento justifica esta decisión alegando que quiere dar tiempo suficiente para que todos los ciudadanos se adapten y tramiten sus autorizaciones, pero este enfoque ha generado críticas por considerarse excesivamente permisivo.
La situación ha provocado cierta confusión entre los conductores, muchos de los cuales aseguran no saber con exactitud quién puede circular y quién no.
A pesar de los esfuerzos del Consistorio por informar a través de campañas de comunicación y plataformas digitales, siguen existiendo dudas sobre la normativa, sobre todo en lo referente a los accesos puntuales y a las invitaciones que los vecinos pueden conceder a familiares y amigos, hasta un máximo de veinte al año.
Además, otro de los aspectos que ha despertado malestar es el hecho de que el sistema de control ha sido financiado con fondos europeos destinados a la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones, un proyecto que en teoría tiene como objetivo mejorar la calidad del aire y reducir el tráfico.
Sin embargo, la implantación en Salamanca parece estar enfocada más al control de acceso que a una restricción real de vehículos contaminantes, al menos por ahora. Mientras tanto, el tráfico en las calles peatonales sigue siendo elevado, con estimaciones que indican que hasta 20.000 vehículos diferentes atraviesan diariamente el perímetro controlado.
La percepción de que este modelo se queda corto a la hora de cumplir con los objetivos ambientales ha generado cierto escepticismo entre parte de la ciudadanía, que lo interpreta como una maniobra más orientada a la gestión administrativa que a la protección medioambiental real.
Las zonas afectadas, que abarcan aproximadamente el 90% del centro, quedan así sujetas a un sistema que, aunque novedoso, no representa por el momento un cambio radical respecto a la situación anterior.
Otro punto que ha llamado la atención es la coexistencia de este control con las calles que aún mantienen tráfico convencional, como la Gran Vía y las vías hacia Canalejas, que siguen estando fuera de la zona restringida.
Este hecho contribuye a la sensación de que la medida es parcial y de que su impacto en la movilidad y la contaminación será, al menos de momento, limitado.
Este sistema de acceso también permite la entrada de vehículos ocasionales, como los de los turistas que se alojan en hoteles de la zona, o los que acceden a los parkings públicos.
Además, se contemplan permisos especiales para servicios como mudanzas, reparaciones urgentes, funerales o transporte de caudales, lo que añade aún más excepciones a un sistema que, sobre el papel, parece restrictivo, pero que en la práctica está lleno de puertas abiertas.
Lo que parece claro es que Salamanca ha optado por un modelo progresivo que, según el Ayuntamiento, permitirá adaptarse sin traumas a las futuras limitaciones más estrictas que llegarán cuando se activen plenamente las Zonas de Bajas Emisiones con criterios medioambientales, algo que no ocurrirá antes de 2029.
Mientras tanto, los vecinos, comerciantes y conductores siguen adaptándose a este nuevo escenario que, a pesar de su novedad, apenas ha cambiado la circulación real en el centro histórico.
Las próximas semanas serán clave para comprobar si esta estrategia de advertencias sin sanción consigue su propósito: que todos los vehículos no autorizados regularicen su situación o si, por el contrario, acaba consolidando la idea de que el control es poco más que una formalidad.
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