A partir del 12 de diciembre de 2025 comenzará oficialmente la imposición de multas a los vehículos más contaminantes que accedan sin permiso a este área restringida del centro urbano.
Aunque la ciudad aragonesa puso en marcha esta ZBE en septiembre de 2024, lo cierto es que hasta ahora el proceso ha sido gradual, dividido en fases que han evitado cualquier tipo de sanción real.
El perímetro afectado incluye las calles Paseo Echegaray y Caballero, San Vicente de Paúl, Coso, Plaza de España, Conde Aranda, Mayoral, Plaza de Santo Domingo y Ramón Celma. Aunque se trata de una zona donde ya circulaban pocos vehículos por la existencia de numerosas calles peatonales o semipeatonales, la ZBE se convierte ahora en una barrera clara que distingue entre quienes cumplen con los requisitos ambientales y quienes no.
Los vehículos autorizados para circular libremente dentro de este perímetro son las bicicletas, incluidas las eléctricas, los vehículos de movilidad personal como los patinetes, y los automóviles que cuentan con distintivo ambiental B, C, ECO o 0.
Los que no tengan etiqueta solo podrán entrar si disponen de una autorización específica, limitada a ocho accesos mensuales.
En caso de no cumplir con esta condición y acceder a la zona, las cámaras de control otorgarán un plazo de entre diez y quince minutos para abandonar el área sin ser sancionado. Superado ese tiempo, la multa será automática y podrá alcanzar los 200 euros, aunque con posibilidad de reducción por pronto pago.
El cambio no responde únicamente a una cuestión local. La decisión de adelantar las sanciones a diciembre, en lugar de marzo de 2026 como estaba previsto inicialmente, se debe a un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes.
Este pacto permite a Zaragoza acceder a ayudas estatales que, entre otras cosas, financian el transporte escolar gratuito para menores de entre 8 y 14 años.
Pero estas ayudas están condicionadas a que las Zonas de Bajas Emisiones estén plenamente operativas y sancionadoras, algo que hasta ahora no se cumplía.
La presión del Gobierno central sobre las denominadas ZBE fake, es decir, aquellas que no aplican restricciones reales, ha sido otro de los factores determinantes.
Un reciente decreto obliga a los ayuntamientos a activar controles efectivos si no quieren perder fondos o ser obligados a devolver los ya recibidos.
Esto implica que las ciudades deben contar con sistemas de monitoreo activo, cámaras de acceso automatizado, normativas accesibles desde el portal nacional de movilidad y criterios claros de restricción según tipo de vehículo.
En el caso de Zaragoza, además de la vigilancia mediante cámaras lectoras de matrículas, la ordenanza municipal incluye un catálogo amplio de excepciones.
Se contemplan permisos para residentes con garaje en la zona, vehículos de servicios esenciales como ambulancias, bomberos o policía, así como transporte de personas con movilidad reducida que dispongan de tarjeta acreditativa.
También están exentos los taxis adaptados, los vehículos históricos, los de autoescuelas, grúas, o coches extranjeros sin registro en la base de datos de la DGT.
Incluso se permite la entrada sin penalización a aquellos vehículos que accedan a aparcamientos públicos o alojamientos turísticos que no estén conectados al sistema de control automático, siempre y cuando puedan justificar su estancia.
Zaragoza se encuentra actualmente en la fase 2 de implementación de la ZBE, que se mantendrá hasta el 11 de septiembre de 2025.
Esta etapa aún no contempla sanciones, pero a partir del 12 de septiembre comenzará la fase 3, en la que la Policía Local informará activamente a los conductores sobre las nuevas normas.
La verdadera aplicación coercitiva llegará con la fase 4, desde el 12 de diciembre, cuando se activarán las multas automáticas.
No se trata únicamente de una cuestión de tráfico o movilidad. La implementación de la ZBE responde también a una exigencia legal a nivel nacional.
La Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética obliga a todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes a disponer de zonas de bajas emisiones que restrinjan el acceso de los vehículos más contaminantes. Estos son, principalmente, los de gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel anteriores a 2006.
Aunque los vehículos con etiqueta B, de color amarillo, siguen siendo los más contaminantes entre los que tienen distintivo, su acceso sigue estando permitido de momento, aunque no se descarta que en un futuro también se impongan restricciones más severas.
Con esta normativa Zaragoza se alinea con las exigencias europeas y nacionales, pero también lanza un mensaje claro a sus ciudadanos: el modelo de movilidad urbana está cambiando.
El centro se reserva para quienes menos contaminan, y quien quiera circular por él con un vehículo antiguo y contaminante deberá pagar, pedir permiso o simplemente adaptarse a una nueva forma de entender la ciudad. En este contexto, la polémica está servida.
Mientras algunos celebran la medida como un paso hacia una ciudad más limpia y habitable, otros la critican por ser excluyente y punitiva, sobre todo para aquellos que no pueden permitirse cambiar de coche.
Queda por ver si esta medida se extiende próximamente a otras zonas de la ciudad, como ya se ha anunciado de forma preliminar para el año 2030, cuando se contempla ampliar la ZBE a una zona más extensa del centro urbano.
De momento, el 12 de diciembre marcará un antes y un después en la movilidad de Zaragoza. A partir de esa fecha, circular por el centro ya no será un derecho para todos, sino un privilegio reservado a quienes cumplen con los nuevos criterios de sostenibilidad.
Etiqueta: Noticias ZBE
Relacionado: ZBE Zaragoza: Mapa
