El Ayuntamiento de Burgos no está dispuesto a dar ni un solo día más ya que no quiere perder los ayudas europeas.
El 2 de agosto sigue marcado en rojo como la fecha límite para que la empresa Etralux finalice las obras de instalación del sistema de control de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
Así lo ha confirmado la portavoz municipal Andrea Ballesteros, quien también dejó claro que la Junta de Gobierno ha rechazado la solicitud de prórroga de cuatro semanas formulada por la empresa. ¿El motivo?, No perder ni un euro más de las ayudas europeas.
A escasos días del plazo final, en el Ayuntamiento se respira una mezcla de tensión y determinación. Tras perder ya 2,6 millones de euros en subvenciones por retrasos anteriores, el equipo de Gobierno del Partido Popular no está dispuesto a repetir errores.
Esta vez se juegan el futuro de fondos asociados a las obras de peatonalización de Gamonal, ya ejecutadas en tiempo y forma pero ligadas directamente al desarrollo completo de la ZBE.
Una nueva demora podría traducirse en una penalización financiera de alto impacto para la ciudad.
La implantación de esta Zona de Bajas Emisiones es uno de los proyectos más ambiciosos y, a la vez, polémicos del Ayuntamiento.
A partir del mes de agosto , aunque sin multas hasta 2027, los conductores empezarán a enfrentarse a restricciones de acceso al centro de Burgos.
La gran novedad será el sistema de vigilancia distribuido por toda la ciudad: 31 puntos de control equipados con 36 cámaras capaces de leer matrículas y determinar si un vehículo cumple con los requisitos medioambientales. Sí, Burgos tendrá su propia lista negra de coches contaminantes.
Estas cámaras, instaladas ya en lugares como la calle San Pablo, marcarán un antes y un después en la movilidad urbana.
El sistema no solo identificará los vehículos por su matrícula, sino que permitirá saber el año de matriculación y, con ello, su nivel contaminante.
Quien no cumpla, tendrá vetado el acceso. Aunque, eso sí, durante los próximos dos años y medio no habrá sanciones económicas, lo cual ha generado también críticas entre quienes piensan que la medida queda descafeinada sin castigo real.
Desde el área de Tráfico, aseguran que todo está bajo control y que los trabajos pueden terminarse a tiempo. La portavoz municipal confía en que Etralux cumplirá con el calendario. Pero la realidad es que quedan apenas unos días y la presión sobre la empresa es máxima.
No hay margen para errores. Ni para imprevistos. El sábado 2 de agosto, día límite, se convertirá en una fecha clave para medir la capacidad del Ayuntamiento de Burgos para gestionar proyectos complejos y para evaluar su compromiso con la transición ecológica.
Pero también es una prueba de fuego para una empresa adjudicataria que, según fuentes del propio Consistorio, conocía perfectamente el calendario y ahora, a última hora, pide más tiempo.
Mientras tanto, los vecinos de Burgos observan con escepticismo. Algunos temen que esta ZBE se convierta en un simple escaparate sin efectividad real.
Otros, sin embargo, creen que es un paso imprescindible para reducir la contaminación y modernizar la ciudad. Lo que está claro es que la polémica está servida: cámaras, matrículas vigiladas, subvenciones europeas en juego y una cuenta atrás que podría cambiar la forma en que se circula por la capital burgalesa.
El Ayuntamiento ha sido tajante: ni un día más. Etralux tiene que cumplir. Burgos no quiere volver a perder millones. Y los ciudadanos, muchos aún desinformados, se preguntan si este gran despliegue tecnológico supondrá un cambio real en su día a día o solo otro proyecto más diseñado para lucir bien en Bruselas.
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