El Ayuntamiento de Valdemoro ha abierto una consulta pública para que los vecinos puedan opinar y proponer sugerencias sobre la Zona de Bajas Emisiones que entrará en vigor a finales de 2025.
Este paso es crucial para una localidad que, como otras de más de 50.000 habitantes, está obligada por ley a implantar estas restricciones al tráfico para mejorar la calidad del aire.
La consulta estará disponible hasta el próximo 5 de agosto y permitirá a los ciudadanos participar tanto de forma presencial como telemática a través de la sede electrónica municipal.
El Gobierno local ha insistido en la importancia de que la ZBE se adapte a la realidad de Valdemoro y ha puesto a disposición de los vecinos todos los documentos e informes técnicos disponibles para que puedan informarse antes de realizar sus aportaciones.
Según el alcalde, David Conde, la idea es que la nueva normativa afecte lo menos posible a la movilidad diaria de los ciudadanos y se limite a la almendra central del municipio. Conde ha reiterado que la decisión definitiva se tomará con la participación activa de los vecinos y siempre priorizando sus intereses.
El asunto de la Zona de Bajas Emisiones en Valdemoro no está exento de controversia. El propio alcalde ha expresado sus dudas sobre la efectividad de la medida en una localidad atravesada por la autovía A-4, que soporta un tráfico diario de más de 100.000 vehículos, entre ellos miles de camiones.
Desde el Ayuntamiento se preguntan qué sentido tiene aplicar restricciones estrictas al tráfico local mientras la autovía continúa generando el grueso de la contaminación. Este argumento ha servido a las autoridades locales para criticar la medida y cuestionar su impacto real en la mejora de la calidad del aire en el municipio.
De hecho, el alcalde ha solicitado una reunión con el Ministerio de Transportes para plantear la posibilidad de soterrar la A-4 a su paso por Valdemoro o desviar el tráfico pesado por otras vías alternativas.
Según Conde, cualquier esfuerzo por reducir la contaminación dentro del casco urbano quedará muy limitado si no se aborda el problema estructural que supone el paso constante de vehículos por la autovía.
Este planteamiento ha sido interpretado por algunos como una estrategia para retrasar la implantación de la ZBE, mientras que para otros es una propuesta legítima que busca soluciones más ambiciosas y efectivas.
Las presiones del Gobierno central sobre este tema son cada vez más evidentes. Valdemoro ha sido uno de los municipios madrileños apercibidos por su falta de avances en la implantación de la ZBE, junto con localidades como Arganda del Rey y Aranjuez.
Desde la Delegación del Gobierno se ha advertido que los municipios que no cumplan con la normativa podrán enfrentarse a sanciones o incluso a la retirada de ayudas económicas vinculadas al transporte y la movilidad sostenible. El Defensor del Pueblo también ha instado a actuar con celeridad y ha recordado que los plazos establecidos por la Ley de Cambio Climático son de obligado cumplimiento.
En este escenario, algunos colectivos ecologistas han denunciado que Valdemoro está utilizando la A-4 como una excusa para evitar asumir las restricciones necesarias.
Argumentan que el tráfico urbano sí tiene un impacto significativo en la calidad del aire y que no se puede paralizar la aplicación de las ZBE mientras se buscan soluciones a largo plazo como el soterramiento de la autovía.
Desde estos colectivos se insiste en que otras ciudades ya han puesto en marcha sus zonas de bajas emisiones con éxito, como Fuenlabrada o Getafe, y que Valdemoro debería seguir su ejemplo sin más demoras.
La consulta pública es, por tanto, un espacio clave donde se cruzan diferentes visiones sobre el futuro de la movilidad en el municipio. Por un lado, está la postura del gobierno local, que parece apostar por una ZBE limitada y flexible, muy centrada en el centro urbano y con el mínimo impacto posible para los vecinos.
Por otro lado, se encuentran las presiones externas y la legislación nacional, que no deja mucho margen para interpretar las obligaciones legales. En medio, la ciudadanía tiene ahora la oportunidad de influir en las decisiones, aunque el resultado final estará condicionado por los informes técnicos y por la postura definitiva que adopten las administraciones superiores.
El debate también tiene un fuerte componente político. En otros municipios de la Comunidad de Madrid, especialmente aquellos gobernados por el mismo partido que dirige Valdemoro, se han mostrado reticentes a aplicar restricciones duras al tráfico.
Esta posición ha generado cierto desconcierto y críticas desde la oposición y desde sectores que reclaman una mayor responsabilidad medioambiental.
Mientras tanto, el tiempo avanza y el reloj de las obligaciones legales sigue descontando los días para que todos los municipios afectados por la ley tengan sus zonas de bajas emisiones funcionando.
Valdemoro se encuentra, por tanto, en una encrucijada. Por un lado, existe la necesidad de cumplir con una normativa que busca proteger la salud de la ciudadanía y frenar la contaminación.
Por otro, persisten dudas sobre la efectividad real de las restricciones si no se actúa también sobre el tráfico de la autovía. La consulta pública no es solo un procedimiento administrativo, sino una oportunidad real para que los vecinos expresen su opinión y definan hasta qué punto están dispuestos a aceptar restricciones en sus desplazamientos diarios en beneficio de una mejor calidad del aire.
El resultado de este proceso dirá mucho sobre la capacidad de Valdemoro para afrontar los retos medioambientales actuales y sobre la conexión real entre la administración y los ciudadanos.
