El Gobierno central ha decidido plantar cara a los ayuntamientos que han convertido las Zonas de Bajas Emisiones en simples decorados sin consecuencias reales.
Palma se ha situado en el ojo del huracán como uno de los ejemplos más visibles de esta resistencia municipal. Aunque desde el pasado 1 de enero la capital balear cuenta oficialmente con su ZBE activa, en la práctica no se han impuesto sanciones a los conductores que incumplen las restricciones de acceso.
El Ayuntamiento ha optado por extender un largo periodo informativo sin sancionar a los infractores, una estrategia que ha encontrado su límite: el Ejecutivo prepara un Real Decreto que obligará a todas las ciudades a sancionar sin más excusas.
El decreto, impulsado por los Ministerios para la Transición Ecológica y para Transportes, busca cortar de raíz la proliferación de lo que ya se conoce como ‘Zonas de Bajas Emisiones fake’.
Estas áreas se anuncian a bombo y platillo, se delimitan en planos, se señalizan en las calles, pero no aplican ninguna medida efectiva para reducir la circulación de vehículos contaminantes.
El documento al que ha tenido acceso la prensa no deja espacio a interpretaciones: una ZBE solo será considerada válida si incluye un régimen sancionador en vigor. Los periodos transitorios de avisos informativos dejarán de tener reconocimiento legal y los municipios que los mantengan serán considerados incumplidores de la normativa estatal.
Palma, que ya había aprobado una moratoria inicial de seis meses sin multas para facilitar la adaptación ciudadana, decidió en mayo prolongar esa situación hasta finales de diciembre.
La decisión se tomó en un pleno municipal gracias al acuerdo entre el PP y Vox, partidos que han defendido desde el principio un enfoque menos agresivo en la aplicación de las sanciones. Vox llegó incluso a plantear la derogación total de la ZBE, aunque finalmente tuvo que conformarse con una ampliación del plazo sin sanciones.
La oposición no ha tardado en calificar esta estrategia como una tomadura de pelo. Desde el PSOE y Més, se ha denunciado que lo que el Ayuntamiento está haciendo es dejar sin efecto una herramienta fundamental para mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública.
La prórroga hasta diciembre ha sido tildada de ilegal por los socialistas, que advierten que Palma no tiene competencias para desobedecer los plazos y requisitos marcados por la ley estatal. Para Més, la situación es incluso más grave: insisten en que esta actitud pone en riesgo la salud de la ciudadanía al mantener el tráfico de vehículos más contaminantes en las zonas más sensibles de la ciudad.
Lo cierto es que, a pesar de la falta de sanciones, Palma sí ha desplegado los sistemas de control necesarios. Desde principios de año, dieciséis cámaras de lectura de matrículas controlan los accesos al perímetro de la ZBE, que comprende el centro histórico limitado por las Avingudes.
Estas cámaras están conectadas a la Dirección General de Tráfico y permiten identificar de inmediato los vehículos sin distintivo ambiental autorizado. Sin embargo, a día de hoy, esas imágenes solo se utilizan para enviar avisos informativos a los conductores infractores, sin consecuencias económicas ni sancionadoras.
El nuevo decreto cambiará radicalmente este escenario. En el momento en que entre en vigor, Palma y otras ciudades como ella estarán obligadas a activar las sanciones.
Los vehículos que accedan sin la etiqueta ambiental correspondiente podrán ser multados con hasta 200 euros, un importe que ya aplican otras capitales españolas. Esto obligará al Ayuntamiento a pasar de la fase pedagógica a la sancionadora sin margen de maniobra. La estrategia de Vox y PP, basada en una aplicación progresiva de las restricciones, se verá directamente desautorizada por el marco legal estatal.
La tensión es evidente. Desde el área de Movilidad, dirigida por Toni Deudero, se insiste en que hasta ahora el enfoque ha sido plenamente informativo y que las cámaras no se han utilizado con fines recaudatorios.
Pero esta postura quedará en papel mojado en cuanto el decreto sea aprobado por el Consejo de Ministros y ratificado por el Congreso. Desde ese momento, Palma tendrá que sancionar de manera inmediata a todos los vehículos que incumplan los requisitos ambientales de acceso a la ZBE.
El pulso entre el Gobierno central y Palma es también un reflejo del conflicto político que rodea las políticas ambientales en España. Mientras desde Madrid se apuesta por endurecer las medidas para reducir la contaminación de las ciudades, en Palma se ha consolidado una visión más permisiva, donde prima la idea de dar tiempo a la ciudadanía para adaptarse, sin imponer sanciones de manera abrupta. Vox ha sido muy claro al respecto: nunca han apoyado la existencia de la ZBE y solo han pactado la moratoria como mal menor. El PP, por su parte, ha intentado equilibrar la presión estatal con la demanda social de no aplicar sanciones de forma inmediata.
Pero esta maniobra local parece tener los días contados. La entrada en vigor del decreto pondrá fin a la etapa de las ‘ZBE de cartón’ y obligará a Palma a aplicar la ley como cualquier otra ciudad.
En caso de no hacerlo, la propia ZBE de Palma quedaría invalidada y el Ayuntamiento se expondría a posibles sanciones por incumplimiento. Los servicios jurídicos municipales ya están revisando los términos del acuerdo aprobado en mayo para valorar si tiene viabilidad legal tras la aprobación del nuevo decreto, aunque todo apunta a que Cort tendrá que rectificar.
El enfrentamiento entre las administraciones ha reabierto el debate sobre cómo se deben aplicar las medidas de restricción de tráfico: ¿es legítimo imponer sanciones de manera inmediata o es más razonable permitir a la ciudadanía un periodo largo de adaptación?.
Los que defienden la aplicación urgente de las multas insisten en que la salud pública y la reducción de emisiones no pueden seguir esperando, mientras que quienes apoyan una implementación más gradual argumentan que las multas deben ser la última herramienta, cuando la ciudadanía ya está plenamente informada y habituada a la nueva normativa.
La polémica está servida. Palma deberá decidir pronto si acata las nuevas reglas o mantiene su estrategia, a riesgo de entrar en conflicto directo con el Gobierno. Mientras tanto, los ciudadanos siguen circulando por la ZBE sin temor a las multas, pero con la certeza de que este escenario tiene fecha de caducidad.
Cuando el decreto entre en vigor, la ciudad deberá cambiar de rumbo y aplicar las sanciones que ahora mismo ha decidido aplazar. El tiempo de las advertencias sin consecuencias está a punto de agotarse y con ello llega el momento de comprobar si la apuesta municipal por la paciencia ha servido de algo o si, por el contrario, solo ha retrasado lo inevitable.
