Palma ha empezado a aplicar con firmeza su régimen sancionador en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), y los primeros datos hablan por sí solos.
Una media de 150 coches al día han sido multados en julio por entrar sin autorización en esta área de tráfico restringido del centro de la ciudad de Palma de Mallorca.
Los vehículos que están recibiendo estas sanciones son los más antiguos y contaminantes, aquellos que carecen de distintivo ambiental, lo que los identifica de inmediato como no aptos para circular en zonas especialmente protegidas por motivos medioambientales.
El porcentaje de infractores, sin embargo, es ínfimo: apenas el 0,38 % de los aproximadamente 42.000 vehículos que acceden diariamente a la ZBE.
A pesar de lo reducido de la cifra, el impacto es significativo si se considera la contundencia de la multa, que asciende a 200 euros. Y en caso de reincidencia, puede aumentar hasta los 260 euros.
Desde el 1 de enero de 2025, la ZBE está en vigor, aunque el Ayuntamiento de Palma optó por conceder una moratoria de seis meses antes de comenzar a multar.
El 1 de julio se activó finalmente el sistema sancionador, generando un revuelo considerable. Las cámaras de lectura automática de matrículas empezaron entonces a identificar a los vehículos sin autorización, y se iniciaron los procedimientos administrativos para tramitar las correspondientes multas.
Eso sí, debido a la lentitud del proceso, es muy probable que a mediados de agosto aún no se haya notificado ninguna sanción. Pero las fotos están tomadas, las infracciones registradas y las multas en camino.
La regulación afecta, por ahora, a los turismos de gasolina matriculados antes de enero de 2000 y a los diésel anteriores a enero de 2006.
Son considerados los más contaminantes por el Ministerio de Transición Ecológica, y Palma ha optado por ser estricta en su cumplimiento.
Estos vehículos apenas representan el 4 % del parque móvil, lo que evidencia que la mayoría de conductores ya cumple con los criterios exigidos.
De hecho, en los seis primeros meses del año, sin sanciones de por medio, accedía a la ZBE un 1,8 % de vehículos sin etiqueta ambiental. En julio, ya con el sistema de multas activado, la cifra se redujo a menos de una cuarta parte.
Esta disminución muestra que las sanciones, aunque polémicas, han tenido un efecto disuasorio inmediato. La amenaza de una multa ha llevado a muchos propietarios a buscar rutas alternativas o directamente a dejar de circular por la zona.
Pero no todos pueden permitirse esa flexibilidad. Para los trabajadores que deben acudir al centro a diario, para los mayores con coches antiguos o para quienes no tienen una red de transporte público eficiente cerca, esta medida representa una barrera más en su día a día.
Mientras tanto, unos 14.000 de los coches que entran cada día en la ZBE lo hacen para estacionar en uno de los aparcamientos autorizados dentro del perímetro, como el de la plaza de los Patines.
Estos movimientos están contemplados en la normativa y no implican sanción. También se ha detectado la entrada de unos pocos vehículos históricos.
Aunque estos no pueden obtener el distintivo ambiental, tampoco lo necesitan, siempre que estén debidamente registrados.
Más allá del debate actual, el futuro de la ZBE en Palma está ya definido y no pinta más accesible para los conductores de vehículos antiguos.
A partir del 1 de enero de 2027, solo podrán entrar aquellos con etiqueta C, ECO o Cero emisiones. Los vehículos con distintivo B, que hoy sí pueden circular, quedarán también vetados.
Y desde 2030, la restricción será total para cualquier coche que no sea híbrido, eléctrico o propulsado por energías limpias. La transformación será progresiva, pero inexorable.
La polémica sobre la ZBE no es exclusiva de Palma. En muchas otras ciudades españolas, estas zonas han generado un fuerte rechazo entre ciertos sectores sociales.
Se las acusa de castigar a las clases trabajadoras, de no contemplar suficientemente las particularidades locales y de poner en marcha medidas restrictivas sin haber reforzado antes el transporte público.
A esto se suma la percepción de que las sanciones se utilizan como herramienta recaudatoria más que como auténtica medida ambiental.
Desde el Ayuntamiento se defiende la medida como un paso imprescindible hacia una ciudad más sostenible, saludable y segura.
Las autoridades insisten en que la calidad del aire ha mejorado de forma sustancial desde la entrada en vigor de la ZBE y que el impacto sobre la salud pública es incuestionable.
El argumento es claro: menos coches contaminantes, menos emisiones nocivas, mejor vida urbana.
El problema, una vez más, es la brecha entre teoría y práctica. La mayoría de las veces, los sacrificios los terminan haciendo siempre los mismos: quienes menos capacidad económica tienen para adaptarse a los nuevos tiempos.
Y en este punto, la ZBE de Palma puede convertirse, si no se gestiona con inteligencia y sensibilidad social, en un nuevo frente de desigualdad urbana.
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