Tras la presión por parte del gobierno, el ayuntamiento de Palma de Mallorca comenzará de forma inminente a multar a los coches sin etiqueta.

PALMA DE MALLORCA – El Ayuntamiento de Palma ha anunciado un hito crucial en su estrategia de movilidad sostenible: la activación del régimen sancionador en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a partir del próximo martes, 1 de julio de 2025.
Esta medida, largamente anticipada y objeto de debate, marca un antes y un después en la lucha contra la contaminación atmosférica en la capital balear, afectando inicialmente a los vehículos más antiguos y, por ende, más contaminantes.
El regidor de Movilidad de Cort, Antoni Deudero, ha sido el encargado de confirmar la fecha de inicio de las multas, que ascenderán a 200 euros para aquellos conductores que infrinjan la normativa.
La fase inicial de sanciones se centrará en los vehículos con etiqueta A, es decir, turismos y furgonetas de gasolina matriculados antes de enero del año 2000 y aquellos diésel anteriores a enero de 2006.
Estos vehículos, aunque representan un porcentaje relativamente pequeño del parque móvil, son los que emiten una mayor cantidad de gases nocivos y partículas contaminantes, contribuyendo significativamente a la mala calidad del aire en zonas urbanas.
La decisión de adelantar la aplicación de las multas, que inicialmente se había planteado posponer hasta finales de 2025, responde a la necesidad de cumplir con la legislación vigente y asegurar la viabilidad del proyecto.
Un factor determinante ha sido la inminente publicación de un real decreto por parte del Gobierno central. Este decreto establece que las ZBE que no apliquen un régimen sancionador efectivo podrían ver invalidada su condición y, lo que es más importante, perder el acceso a fondos europeos cruciales para su implementación y desarrollo.
Esta presión legislativa ha obligado al consistorio palmesano a ajustar su calendario, priorizando la salud pública y el cumplimiento de los compromisos medioambientales.
La Zona de Bajas Emisiones de Palma está estratégicamente delimitada para proteger el corazón de la ciudad. Su perímetro abarca el espacio interior de las históricas Avenidas y se extiende hasta el frente marítimo, incluyendo áreas de alta densidad de tráfico y población.
Esta zona comprende puntos neurálgicos como la plaza de España, Vía Alemania, Portugal, Paseo Mallorca, la desembocadura de sa Riera, la Avenida Gabriel Roca y la Avenida Adolfo Suárez, configurando un área que históricamente coincidía con la Palma protegida por las antiguas murallas. La elección de esta delimitación busca maximizar el impacto positivo en la calidad del aire de las zonas más transitadas y habitadas.
Para garantizar el cumplimiento de la normativa, el Ayuntamiento ha desplegado un avanzado sistema de control basado en cámaras lectoras de matrículas. Estas cámaras, ubicadas en puntos clave del perímetro de la ZBE, registran automáticamente los vehículos que acceden a la zona.
El sistema verifica en tiempo real si la matrícula corresponde a un vehículo autorizado o si, por el contrario, incumple la normativa. Es fundamental destacar que, aunque la Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda llevar el distintivo ambiental en el parabrisas, su ausencia no será motivo de sanción en Palma, ya que el control se basa exclusivamente en la lectura de la matrícula y la información asociada a ella en las bases de datos de la DGT. Esto simplifica el proceso para los conductores y evita confusiones.
El consistorio ha subrayado que, durante los seis meses de periodo informativo previo a la activación de las multas, solo un 1,8% de los vehículos detectados en la ZBE incumplían la normativa.
Este dato, según las autoridades municipales, es un indicativo de la buena adaptación y concienciación de la ciudadanía respecto a las nuevas regulaciones de movilidad. La baja tasa de incumplimiento refuerza la idea de que los palmesanos están comprometidos con la mejora del medio ambiente y la adopción de hábitos de transporte más sostenibles.
Mirando hacia el futuro, el Ayuntamiento de Palma ha establecido un calendario progresivo para la ampliación de las restricciones. A partir del 1 de enero de 2027, las sanciones se extenderán a los vehículos con etiqueta B, y desde el 1 de enero de 2030, las restricciones alcanzarán a los vehículos con etiqueta C.
Este enfoque por fases permite a los ciudadanos y al sector automovilístico adaptarse gradualmente a las nuevas exigencias, fomentando la renovación del parque de vehículos hacia opciones más limpias. Mientras tanto, el periodo informativo se mantendrá para los vehículos con etiquetas B, C, ECO o 0 emisiones, así como para las motocicletas, ofreciendo un margen de tiempo para la adaptación.
Consciente de la diversidad de necesidades de movilidad, la normativa de la ZBE contempla una serie de excepciones cuidadosamente diseñadas. Entre los vehículos exentos de sanción se incluyen las motocicletas, independientemente de su antigüedad, los vehículos de residentes empadronados dentro de la ZBE, personas con movilidad reducida, vehículos de empresas de servicios públicos esenciales (como bomberos, policía o ambulancias), vehículos de emergencias, transporte público y vehículos de reparto de mercancías.
Estas excepciones buscan garantizar la operatividad de los servicios básicos y la movilidad de colectivos vulnerables, sin comprometer los objetivos medioambientales.
Además, se ha habilitado un «itinerario sanitario» específico para facilitar el acceso a importantes centros de salud ubicados dentro o en las proximidades de la ZBE.
Este itinerario permite el libre acceso a usuarios y personal del Hospital General, el ambulatorio del Carmen, la Mutua Balear y la Clínica Rotger, asegurando que la atención médica no se vea afectada por las restricciones de tráfico. Esta medida demuestra la flexibilidad y el enfoque social de la implementación de la ZBE.
La implementación de la ZBE en Palma no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto legislativo más amplio. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada a nivel nacional, obliga a todos los municipios españoles con más de 50.000 habitantes a establecer ZBE para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire.
Con esta iniciativa, Palma no solo cumple con sus obligaciones legales, sino que también se posiciona como una ciudad pionera en la adopción de políticas medioambientales ambiciosas.
El objetivo final es construir un modelo de movilidad más sostenible, reducir la huella de carbono y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, haciendo de Palma un referente en la lucha contra el cambio climático y la promoción de un entorno urbano más saludable.



