La ordenanza de la ZBE de Ourense entra en vigor y limitará progresivamente el acceso de vehículos contaminantes en el centro de la ciudad.
El Concello de Ourense vivió una de las sesiones plenarias más intensas y decisivas de los últimos años. En el pleno se aprobó, no sin controversia, la ordenanza que permitirá implantar la Zona de Bajas Emisiones en el centro de la ciudad.
Una medida que, aunque impuesta por la Ley estatal de Cambio Climático, ha generado fuertes divisiones políticas y sociales en Ourense.
La ordenanza salió adelante con el voto favorable de Democracia Ourensana, la abstención del Partido Popular y del Partido Socialista, y el voto en contra del Bloque Nacionalista Galego. Un reparto de votos que pone de manifiesto las tensiones y las dudas que sobrevuelan este proyecto.
La nueva ZBE afectará a 56 hectáreas en pleno corazón de Ourense y su implantación será progresiva hasta 2029. La primera fase arrancará el próximo 26 de diciembre, cuando se restringirá la circulación a los vehículos más contaminantes, concretamente aquellos que no disponen de etiqueta ambiental.
El control se llevará a cabo mediante cámaras automáticas y un sistema digital de gestión, con información disponible para la ciudadanía a través de una aplicación móvil y una web específica. Sin embargo, más allá de los aspectos técnicos, la sensación que flota es la de una aprobación a regañadientes, un mero trámite para evitar perder fondos europeos y cumplir con la normativa estatal, más que una apuesta real por transformar la movilidad en Ourense.
El propio alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, dejó claro que la ordenanza se aprueba porque es obligatoria. Una declaración que provocó un aluvión de críticas desde la oposición, que le reprochó la falta de compromiso con la movilidad sostenible.
Desde el BNG, Luis Seara lamentó que el proyecto estuviera mal planteado y pidió un modelo de ciudad más habitable, con rutas escolares seguras y espacios para el disfrute vecinal.
El PSOE, por su parte, acusó al gobierno local de actuar a toda prisa para no perder las ayudas europeas y llegó a ironizar con la costumbre del alcalde de utilizar el coche para trayectos muy cortos dentro de la ciudad.
Mientras tanto, el PP reconoció la necesidad de la ZBE, pero cuestionó la ausencia de un plan de transporte público y de aparcamientos disuasorios que acompañe a esta medida.
Los datos técnicos evidencian la urgencia de actuar: casi uno de cada cinco turismos que circulan por el centro de Ourense carecen de etiqueta ambiental, y en el caso de los camiones, el porcentaje se eleva a casi un tercio.
Además, el 74% de la población urbana soporta niveles de ruido superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El coste de la ZBE roza los tres millones de euros, que se financiarán parcialmente con fondos europeos Next Generation, lo que también explica la presión por aprobarla antes de que expiraran los plazos para acceder a esos recursos.
El pleno no solo estuvo marcado por la ZBE. La sesión comenzó con la aprobación de la nueva ordenanza de ruidos, otro asunto que llevaba años bloqueado.
La normativa salió adelante con el apoyo de DO y PP, mientras que socialistas y nacionalistas se abstuvieron alegando que la ordenanza carece de medios suficientes para su aplicación efectiva.
La edil socialista Natalia González ironizó al afirmar que era el pleno con más contenido que recordaba, pero solo porque no se había hecho nada en los últimos años. Por su parte, el PP apoyó la ordenanza, pero puso como condición que se mantuviera la protección acústica del casco histórico como zona saturada.
La tercera ordenanza aprobada fue la de veladores, que regula la instalación de terrazas en la vía pública. Un tema que ya había sido rechazado el año pasado por la falta de seguridad jurídica.
Esta vez sí prosperó gracias al respaldo de DO y PP, mientras que PSOE y BNG votaron en contra. Desde la oposición se criticó que la normativa prioriza los intereses del sector hostelero sobre la seguridad de los vecinos y los servicios de emergencia.
La edil del BNG Rhut Reza fue especialmente contundente al advertir que, si un camión de bomberos no pudiera acceder a una calle por culpa de una terraza mal situada, las consecuencias las pagaría toda la ciudadanía.
El debate del pleno también se vio salpicado por la política nacional. El PP presentó una moción en defensa del Estado de derecho y contra la corrupción vinculada al entorno de Pedro Sánchez.
La moción fue rechazada por PSOE y BNG, mientras que Democracia Ourensana se abstuvo. La votación acabó en empate, lo que obligaba al alcalde a decidir, pero finalmente optó por mantener la abstención. El concejal de DO, Rafael Cachafeiro, aprovechó el debate para arremeter contra PP y PSOE, acusándolos de ser los partidos más implicados en casos de corrupción y criticando el oportunismo de este tipo de mociones.
A partir de ahora, el Concello deberá preparar la implantación técnica de la ZBE y la campaña informativa para que la ciudadanía conozca las restricciones, las excepciones y el calendario de aplicación.
Las sanciones comenzarán a aplicarse en el verano de 2026, con multas que oscilarán entre los 100 y los 200 euros. Queda por ver si el gobierno local será capaz de completar el proyecto con las infraestructuras de transporte público y aparcamientos disuasorios que tanto reclama la oposición y una parte de la ciudadanía.
El debate sigue abierto en la calle y en las redes sociales. Algunos ven la ZBE como una oportunidad para mejorar la calidad del aire y la convivencia urbana, mientras que otros la perciben como una medida improvisada y discriminatoria para quienes no pueden renovar su coche.
