La reciente aprobación del proyecto de ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Santander marca un punto de inflexión en la política medioambiental del municipio.
Tras meses de deliberaciones y propuestas, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a un plan que ha sido cuidadosamente diseñado para aplicarse únicamente en la zona de El Ensanche.
Esta decisión no solo responde al mandato estatal que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a establecer una ZBE antes de final de año, sino que también abre la puerta a un intenso debate sobre el modelo de ciudad que quiere construir Santander.
El proyecto contempla una regulación precisa: la ZBE se activará de lunes a viernes, de ocho de la mañana a siete de la tarde, y solo afectará a los vehículos con etiqueta ambiental A.
Esta categoría incluye los turismos más antiguos y contaminantes, una parte del parque móvil que, sin embargo, sigue representando un número significativo de desplazamientos urbanos.
Las restricciones no serán absolutas, ya que se contemplan excepciones para residentes o personas que acudan a aparcamientos subterráneos situados dentro del área afectada. En otras palabras, no se trata de un cierre total, sino de una limitación progresiva con matices y cierto margen de adaptación.
Lo verdaderamente singular de esta regulación es su delimitación geográfica. La zona afectada incluye las calles interiores de El Ensanche, sin que las vías perimetrales: Calvo Sotelo, Paseo Pereda, del Sol, Santa Lucía, Guevara, Lealtad y Casimiro Sainz; entren dentro de las restricciones.
Se configura así una ZBE con un perímetro de 2,5 kilómetros y una superficie de 200.000 metros cuadrados, lo que representa apenas el 0,6% del total del municipio.
Una cifra modesta que, sin embargo, concentra una actividad comercial, administrativa y residencial de alta densidad. La elección de esta zona no es casual.
El Ensanche ha sido históricamente uno de los núcleos más congestionados de Santander, donde confluyen oficinas, comercios, bancos y servicios.
La implementación de una ZBE allí supone un gesto simbólico y práctico: empezar por el corazón de la ciudad, donde más puede notarse la reducción de emisiones y la mejora de la calidad del aire.
El concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha defendido que esta medida responde al objetivo de avanzar hacia una movilidad más limpia, más saludable y más justa.
Según ha declarado, la ordenanza busca reducir la contaminación atmosférica, mejorar la salud pública, promover modos de transporte no contaminantes y garantizar un reparto equitativo del espacio urbano.
Más allá del cumplimiento legal, el Ayuntamiento parece haber apostado por una visión de ciudad moderna, donde el coche deja de ocupar el centro del diseño urbano y se da paso a peatones, bicicletas y transporte público.
Pero el camino no será fácil. La aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno es solo el inicio del proceso. Ahora deberá pasar por la Comisión de Desarrollo Sostenible, donde los grupos políticos podrán presentar enmiendas.
Después llegará la aprobación inicial en el Pleno municipal y, posteriormente, la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
A partir de ahí se abrirá un periodo de alegaciones de 30 días, tras el cual, si no hay modificaciones sustanciales, la ordenanza podría quedar definitivamente aprobada en el siguiente Pleno.
Este proceso abre un periodo de discusión política y social que se prevé intenso. Ya en los meses previos se habían producido posicionamientos críticos por parte de asociaciones de comerciantes y vecinos, que alertaban sobre el posible impacto negativo en la actividad económica del centro.
La exclusión de vehículos sin etiqueta ambiental podría reducir la afluencia de clientes que llegan en coche, especialmente en un contexto donde no todos los ciudadanos pueden permitirse renovar su vehículo.
También preocupa la falta de medidas paralelas para reforzar el transporte público o fomentar alternativas de movilidad, como carriles bici seguros o aparcamientos disuasorios.
En este sentido, hay quien ve en esta ZBE un simple gesto para cumplir con la legislación, más que una transformación estructural de la movilidad urbana.
La limitación a los vehículos A, aunque necesaria, podría considerarse insuficiente para alcanzar los objetivos climáticos de mediano y largo plazo.
Otros municipios han optado por regulaciones más amplias o por introducir las restricciones de forma gradual, con calendarios que van incorporando nuevas categorías de vehículos con el tiempo.
En Santander, de momento, no se ha anunciado si la ZBE se ampliará en el futuro ni qué indicadores se utilizarán para evaluar su eficacia.
El debate está servido. ¿Debe Santander ser más ambiciosa en su política ambiental?. ¿Es El Ensanche la zona idónea para iniciar este proceso o simplemente la más simbólica?.
Lo que está claro es que, aunque se trate de una medida limitada en espacio y alcance, la ZBE de Santander pone sobre la mesa una cuestión central para el futuro de las ciudades: quién tiene derecho a ocupar el espacio público y en qué condiciones.
El Ayuntamiento ha optado por un enfoque prudente, quizás para evitar una confrontación directa con sectores sensibles. Sin embargo, la movilidad urbana ya no es un asunto técnico o de tráfico.
Es una cuestión política de primer orden, que implica decidir cómo queremos vivir, movernos y respirar en las próximas décadas. Y en ese terreno, las medias tintas rara vez satisfacen a nadie.
O se apuesta con firmeza por un modelo de ciudad sostenible o se corre el riesgo de quedarse atrapado en medidas simbólicas que no cambian nada.
La ordenanza de la ZBE de Santander está en marcha. Ahora le toca a la ciudad decidir qué quiere hacer con ella.
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