Benidorm ha dado un paso firme hacia con la implantación definitiva de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE), en vigor desde el 1 de julio de 2025.
A fecha actual, alrededor de 14.000 vehículos ya han sido registrados para circular por esta área restringida, lo que demuestra una acogida significativa de esta nueva política de movilidad.
Este volumen de inscripciones evidencia una rápida adaptación, tanto por parte de los residentes como de los visitantes que buscan cumplir con la normativa y evitar sanciones.
Una de las claves del éxito inicial de esta implantación reside en la automatización del registro para los empadronados.
Todos los vehículos de residentes censados en Benidorm han sido dados de alta automáticamente gracias al cruce de datos con el padrón municipal, lo que ha eliminado barreras burocráticas y ha facilitado la transición.
Este enfoque no solo ha evitado colapsos en la plataforma digital, sino que ha reforzado la sensación de que la medida está pensada para beneficiar al ciudadano común, no solo para sancionar.
Desde el Ayuntamiento, el concejal de Movilidad Francis Muñoz ha confirmado que, desde el inicio de la ZBE, el tráfico en las áreas más céntricas se ha reducido notablemente.
Las primeras cifras dan la razón a quienes defendían la medida como una herramienta para devolver el espacio público al peatón, reducir emisiones contaminantes y descongestionar una ciudad que, especialmente en temporada alta, sufre una presión demográfica extrema por la llegada masiva de turistas.
No es casualidad que esta decisión haya coincidido con la época estival, cuando el volumen de vehículos en Benidorm alcanza sus máximos históricos.
A pesar de los avances, la implantación no ha estado exenta de dudas y resistencias. Para muchos propietarios de segundas residencias, trabajadores no empadronados o visitantes frecuentes, el sistema de registros y autorizaciones ha supuesto un pequeño laberinto digital.
La plataforma online habilitada por el Ayuntamiento permite solicitar permisos específicos en función del perfil del solicitante: usuarios con plazas de garaje, arrendatarios de propiedades, empleados de comercios locales o clientes de hoteles.
Aun así, muchos han tenido que acudir presencialmente al Ayuntamiento para aclarar su situación, lo que evidencia que la comunicación institucional puede y debe mejorar.
Otro aspecto relevante ha sido la progresión del número de registros. Mientras que a principios de junio apenas se había alcanzado el millar de vehículos dados de alta, en apenas un mes la cifra se disparó a 14.000.
Mientras unos aplauden la iniciativa como un avance lógico hacia una ciudad más limpia y moderna, otros temen que se convierta en una herramienta recaudatoria más o, peor aún, en una medida que perjudique al turismo y al comercio local.
Los hoteles, en particular, han tenido que adaptarse rápidamente para registrar a sus clientes y facilitarles el acceso a la ZBE sin complicaciones.
Algunos empresarios se preguntan si esto no añade una carga administrativa innecesaria a su trabajo diario.
El caso de Benidorm podría convertirse en modelo o advertencia para otras ciudades españolas que, por obligación legal, deben implantar zonas de bajas emisiones.
A diferencia de urbes como Madrid o Barcelona, donde las ZBE han estado marcadas por conflictos políticos y protestas ciudadanas, en Benidorm la medida ha tenido un aterrizaje más suave, posiblemente por su enfoque técnico y el diálogo previo mantenido con sectores clave.
Sin embargo, está por ver si esta calma se mantiene cuando empiecen a llegar las primeras multas, y con ellas, las primeras quejas.
Por ahora, el Ayuntamiento sigue apostando por la pedagogía y el acompañamiento. La atención presencial se mantiene activa, y la plataforma sigue aceptando nuevas solicitudes.
La prioridad es evitar errores y sanciones innecesarias que puedan empañar una política que, en el fondo, busca mejorar la calidad de vida urbana.
La pregunta que flota en el ambiente es si estas restricciones acabarán consolidándose como una herramienta indispensable para el urbanismo del siglo XXI, o si, por el contrario, provocarán una vuelta atrás forzada por la presión ciudadana o empresarial.
Lo cierto es que Benidorm ha logrado algo que muchas otras ciudades aún no han conseguido: ordenar su tráfico sin imponer pagos por acceder, sin necesidad de etiquetas ambientales costosas y con un sistema que, al menos sobre el papel, favorece al residente.
A medida que pase el tiempo, veremos si este equilibrio entre sostenibilidad y libertad de movimiento se mantiene o si, como ocurre a menudo en política local, los intereses cruzados terminan desvirtuando una medida que, por ahora, funciona.
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