El Ayuntamiento de Granada se encuentra en el centro de una creciente polémica tras la implantación de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
Una medida que ha desencadenado críticas no solo desde municipios vecinos, sino también desde la propia capital.
La decisión de activar una ordenanza que restringe el acceso al centro urbano a los vehículos más contaminantes ha generado un fuerte rechazo en diferentes sectores políticos y sociales, que cuestionan tanto su planteamiento técnico como su falta de diálogo.
La medida, que entrará plenamente en vigor con sanciones a partir del 1 de octubre, ha sido concebida como una respuesta a las exigencias estatales en materia de calidad del aire.
Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento se defiende que se trata de una obligación legal que responde a la necesidad de reducir los niveles de contaminación, especialmente en un contexto urbano donde la densidad de tráfico privado sigue siendo elevada.
Pero lo que en teoría debería ser una herramienta para mejorar la salud pública se ha convertido, en la práctica, en un foco de enfrentamiento político y en una medida ampliamente impopular.
Desde el grupo municipal socialista se ha exigido que la ZBE se paralice. Argumentan que la forma en que se ha implantado no resuelve el problema de fondo: la contaminación.
Al contrario, consideran que es una ordenanza que castiga sin ofrecer alternativas reales a la ciudadanía. El viceportavoz socialista, Paco Cuenca, ha denunciado que el gobierno local ha actuado sin planificación, sin implicar al resto de administraciones y sin coordinar un verdadero plan metropolitano de movilidad y calidad del aire.
Para los socialistas, lo que se está haciendo es cargar el peso de la transición ecológica sobre los hombros de quienes menos recursos tienen, imponiendo multas sin dar opciones viables de transporte alternativo.
El PSOE ha centrado sus críticas en dos ejes fundamentales: la ausencia de diálogo y la falta de impacto real de la medida.
Consideran que el Ayuntamiento ha ignorado tanto las alegaciones como las peticiones de diferentes colectivos sociales y políticos que pedían una revisión más justa y eficaz de la ordenanza.
Además, sostienen que la ZBE no soluciona el problema estructural de la contaminación en Granada, ya que no va acompañada de mejoras significativas en el transporte público ni de un plan integral que contemple la realidad metropolitana.
La postura socialista ha ganado fuerza tras la publicación de estudios recientes que relacionan directamente la contaminación atmosférica con problemas graves de salud pública.
Informes elaborados por la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón han demostrado que el aumento de partículas en suspensión está vinculado a un incremento de infartos y de mortalidad cardiovascular.
Según Cuenca, esta evidencia científica debería haber servido para plantear una política de calidad del aire más ambiciosa y coordinada, no una ordenanza sancionadora que actúa sobre los síntomas y no sobre las causas.
Frente a estas críticas, el Ayuntamiento de Granada insiste en que ha cumplido con los trámites legales y que la ZBE es una herramienta necesaria para cumplir con la normativa europea.
Argumentan que se han previsto excepciones, como el acceso a servicios de urgencia, personas con movilidad reducida o trabajadores esenciales.
Además, destacan que existen alternativas como los aparcamientos disuasorios o el uso del metro y autobuses del Consorcio Metropolitano de Transporte.
Sin embargo, estas soluciones no han convencido a la oposición ni a buena parte de la ciudadanía, que las consideran insuficientes y poco adaptadas a la realidad diaria.
Otro de los puntos más polémicos es la falta de claridad sobre cómo se gestionarán las sanciones y qué mecanismos tendrá el ciudadano para acreditar que necesita acceder al centro por motivos laborales, sanitarios o personales.
Este vacío de información ha generado una enorme incertidumbre, alimentando la sensación de improvisación por parte del gobierno local.
La ausencia de campañas informativas eficaces, sumada a la complejidad técnica de los requisitos exigidos, ha provocado que muchos granadinos no sepan aún si podrán circular por determinadas zonas a partir de octubre.
La oposición ha subrayado que esta falta de transparencia y previsión ha contribuido a incrementar el rechazo social.
Desde el PSOE se insiste en que no basta con cumplir con una exigencia legal si no se hace con sensibilidad, planificación y justicia.
Consideran que se ha desaprovechado una oportunidad para liderar una política ambiental transformadora, optando en su lugar por un enfoque restrictivo que solo genera confrontación.
En este contexto, el futuro de la ZBE en Granada pende de un hilo. A las presiones judiciales que llegan desde fuera de la ciudad se suman ahora las internas.
La revocación de la ordenanza empieza a ser una posibilidad real si el conflicto continúa escalando. Y mientras tanto, la ciudadanía asiste con desconcierto a un debate que debería estar centrado en cómo respirar un aire más limpio, pero que ha terminado convertido en una batalla política más.
La ZBE, pensada para proteger la salud y el medio ambiente, se ha convertido en una medida impopular que divide a los partidos, enfrenta al Ayuntamiento con parte de su propia población y que, según denuncian varios sectores, no está logrando ni sus objetivos sanitarios ni sus objetivos sociales.
En lugar de construir consenso en torno a un futuro más sostenible, ha reactivado viejas fracturas y ha abierto nuevas heridas.
Lo que está en juego no es solo la movilidad dentro del centro de Granada, sino la credibilidad de una política pública que se ha implantado sin la pedagogía, la empatía ni la planificación necesarias.
La capital andaluza, en lugar de convertirse en ejemplo de transición ecológica, podría terminar siendo símbolo de cómo no se deben imponer cambios estructurales.
El tiempo apremia y las sanciones están a la vuelta de la esquina, pero aún hay margen para repensar un modelo que, tal y como está, parece destinado al conflicto más que a la solución.
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