La ordenanza se aprueba en solitario por el PSOE en pleno municipal, pese al rechazo en bloque de la oposición.
La aprobación inicial de la ordenanza que regulará la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en San Fernando ha cristalizado una profunda división entre el gobierno local y la oposición municipal.
Mientras el ejecutivo de Patricia Cavada defiende la medida como un paso coherente y planificado hacia un modelo urbano más sostenible, la oposición, encabezada por el Partido Popular y VOX, acusa al equipo de gobierno de imponer restricciones sin base técnica suficiente, sin escuchar a los sectores afectados y con una clara motivación ideológica.
El proyecto, que contempla la restricción del tráfico en el centro histórico de San Fernando, ha sido aprobado en solitario por el grupo socialista, que cuenta con mayoría en el Pleno.
La alcaldesa ha argumentado que la ciudad se encuentra en una situación privilegiada para afrontar esta regulación debido a las transformaciones previas en materia de movilidad, como la implantación del tranvía y la peatonalización de la calle Real.
El delegado de Movilidad Sostenible, José Luis Cordero, sostiene que “la ciudad ha dado pasos firmes en su reestructuración urbana desde hace más de una década”, lo que permitiría una implementación progresiva y sin grandes impactos sobre la infraestructura existente.
Sin embargo, esa visión optimista del gobierno local no encuentra eco en los grupos de la oposición. El Partido Popular ha sido tajante en su rechazo al procedimiento y al contenido de la ordenanza.
Su portavoz, Carmen Roa, denuncia que el gobierno municipal ha actuado con precipitación, sin presentar un diagnóstico claro sobre la movilidad en la ciudad, sin garantizar mecanismos de protección a los residentes y comerciantes, y sin establecer un plan económico que acompañe a la nueva normativa.
«No existe una estrategia integral», ha afirmado Roa, quien también alerta sobre la posible nulidad jurídica de la ordenanza, debido a la ausencia de informes de impacto económico y la falta de conexión con un plan de movilidad actualizado, requisitos exigidos por recientes sentencias del Tribunal Supremo.
Las críticas del PP también apuntan al carácter supuestamente improvisado de la medida. Consideran que el proyecto se ha tramitado sin evaluar otras alternativas menos restrictivas y sin implicar de forma real a los sectores afectados.
En sus alegaciones, los populares proponen además ayudas para la adquisición de vehículos menos contaminantes, incentivos fiscales para comerciantes y convenios con aparcamientos privados, a fin de mitigar los efectos de las restricciones.
Por su parte, VOX ha elevado aún más el tono al denunciar que el proyecto de ZBE en San Fernando responde a una agenda ideológica que, según su portavoz, Carlos Zambrano, «perjudica derechos fundamentales como la libertad de circulación y residencia».
VOX sostiene que no existen datos locales que justifiquen la necesidad de limitar el tráfico por motivos de calidad del aire, y recuerda que la propia alcaldesa ha presumido en ocasiones de que San Fernando es una de las ciudades con el aire más limpio de España.
Además, Zambrano ha criticado que la ordenanza incorpore un amplio abanico de excepciones sin establecer criterios claros para su concesión, lo que, en su opinión, introduce un componente de arbitrariedad legal.
También cuestiona que el texto carezca de un estudio de impacto económico, social y medioambiental, una exigencia que, según recuerda, ha sido refrendada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. VOX ha solicitado la paralización inmediata del expediente y la retroacción del proceso al inicio, con el objetivo de realizar los estudios técnicos pertinentes y abrir una verdadera consulta pública.
Desde el gobierno municipal, las críticas han sido respondidas con la idea de continuidad. “No habrá una transformación urbanística porque ya está ejecutada”, ha explicado el concejal José Luis Cordero. Según su visión, la ZBE vendría a consolidar un modelo que ya ha sido puesto en práctica, donde la reducción del tráfico en el centro no es una novedad, sino una evolución lógica.
El perímetro de la ZBE abarcará el centro histórico, especialmente las zonas incluidas en el PEPRICH, y se permitirá el acceso únicamente a residentes y a vehículos con alta eficiencia energética. El resto del tráfico será desviado a las vías perimetrales, en un esquema que pretende fomentar el uso de aparcamientos disuasorios y medios de transporte sostenibles.
Este planteamiento, sin embargo, ha sido interpretado por algunos concejales como una forma encubierta de dividir la ciudad en compartimentos estancos.
Fran Romero, portavoz de AxSí, ha acusado al gobierno local de utilizar el proyecto para justificar el mantenimiento de ayudas económicas procedentes de fondos europeos, en lugar de responder a una necesidad real del municipio. “Solo se trae para cumplir el expediente”, afirmó en el Pleno.
La tensión se agrava por el hecho de que la ordenanza fue llevada al Pleno para su aprobación inicial sin haber concluido el plazo de exposición pública del proyecto técnico, lo que los partidos de la oposición consideran una falta de respeto institucional y un incumplimiento de los principios de participación ciudadana.
La oposición ha coincidido en señalar que el texto normativo es, en gran parte, una adaptación del modelo propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sin una adecuación real a las especificidades de San Fernando.
Tanto el PP como VOX y AxSí han insistido en la necesidad de replantear el proyecto desde cero, con la elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible actualizado, que, paradójicamente, es también un requisito legal aún no cumplido por el Ayuntamiento.
A este contexto se suma la denuncia de que el nuevo modelo no prevé recursos humanos suficientes para aplicar las medidas previstas, especialmente en lo que se refiere al régimen sancionador.
Carmen Roa ha señalado que la plantilla municipal no está preparada para asumir la carga que implicaría la gestión de la ZBE, y ha propuesto reforzarla antes de la entrada en vigor de la ordenanza.
La falta de consenso político y social en torno a la ZBE de San Fernando pone de manifiesto una realidad compleja: aunque las zonas de bajas emisiones son una obligación legal para las ciudades de más de 50.000 habitantes, su diseño, implementación y acompañamiento institucional determinan en gran medida su aceptación y eficacia.
En este caso, el gobierno local sostiene que la ciudad lleva años caminando hacia este modelo, mientras que la oposición considera que el proceso actual adolece de falta de rigor, participación y planificación.
El debate de fondo no es únicamente técnico o medioambiental, sino político, social y hasta ideológico. En San Fernando, la ZBE ha dejado de ser una simple cuestión de movilidad para convertirse en un símbolo de conflicto sobre cómo y para quién se construye la ciudad del futuro.
