El Ayuntamiento ha abierto el periodo de consulta pública para su ordenanza, que regulará una ZBE “sin restricciones”, en palabras del portavoz Guillermo Arroyo.
Ciudad Real se enfrenta a uno de los debates más importantes de su modelo de ciudad en los últimos años: la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Lo hace, eso sí, a su manera.
Una decisión que ha levantado tanta expectación como interrogantes: ¿está Ciudad Real innovando con sentido común o simplemente renunciando a los objetivos reales de sostenibilidad?
Desde el 1 de agosto, la ciudadanía tiene hasta el día 18 para presentar alegaciones al texto propuesto, una versión que el equipo de Gobierno reconoce como “esencialmente heredada” del anterior mandato, pero revisada con datos actualizados.
Entre ellos, los indicadores de calidad del aire, ahora disponibles de forma constante gracias a nuevos sensores instalados en diferentes puntos de la ciudad.
La legislación estatal es clara: todas las ciudades de más de 50.000 habitantes están obligadas a establecer una ZBE. Pero deja margen para su diseño.
Y es aquí donde el Consistorio ha decidido tomar distancia respecto a otras capitales que han optado por restricciones severas.
En Ciudad Real no se prohibirá la circulación de vehículos sin etiqueta, ni se exigirá el cambio a coches eléctricos. Tampoco se establecerán zonas vetadas al tráfico de forma permanente.
Todo queda supeditado a situaciones puntuales de contaminación elevada, detectadas por los sensores. En esos casos, podrían aplicarse restricciones temporales y limitadas.
El argumento oficial es la singularidad urbana y ambiental de Ciudad Real. Según Arroyo, la ciudad goza de una calidad del aire “envidiable” y su estructura compacta, junto con un centro peatonal superior a la media nacional, hace innecesario imponer medidas drásticas.
El edil insiste en que el objetivo no es solo cumplir con la ley, sino adaptar la ZBE a la realidad local. “No podemos copiar lo que hacen Madrid o Barcelona porque no somos ni Madrid ni Barcelona. Nuestro modelo tiene que ser propio”, ha sentenciado.
Pero esta posición, que para algunos es valiente y realista, para otros supone una oportunidad perdida. Porque más allá de los niveles actuales de contaminación, la implantación de una ZBE suele ir acompañada de una transformación urbana más ambiciosa.
En muchas ciudades, ha servido para replantear el uso del espacio público, priorizar al peatón, reducir el ruido y dinamizar nuevos hábitos de movilidad.
Aquí, sin embargo, la sensación es que se ha optado por la vía más conservadora. No se establecen calendarios de renovación del parque móvil, no hay bonificaciones claras para vehículos menos contaminantes, y las únicas medidas de control se activarán en episodios excepcionales.
Para colmo, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que debería reforzar esta ordenanza, sigue en desarrollo y sin calendario concreto.
La oposición municipal, aunque de momento no ha emitido una crítica oficial contundente, ya ha dejado entrever su incomodidad.
Fuentes del anterior equipo de Gobierno lamentan que se haya perdido la ocasión de avanzar en políticas activas de movilidad sostenible y denuncian que el nuevo texto es “una versión diluida de lo que estaba previsto”.
Algunos colectivos ecologistas, por su parte, piden mayor ambición y alertan de que, aunque ahora los niveles de contaminación sean bajos, el objetivo de una ZBE no es solo responder a problemas presentes, sino anticiparse al futuro.
El pequeño comercio y los vecinos del centro, en cambio, aplauden la decisión del Consistorio. Muchos temían que la ZBE les obligara a hacer cambios costosos en sus vehículos o que restringiera el acceso de sus clientes.
En este sentido, el Gobierno local ha sido tajante: no se pedirá a nadie que cambie su coche, ni se impondrán barreras al tráfico sin justificación. “No vamos a exigir a una persona mayor que se compre un coche eléctrico. Sería una barbaridad”, ha dicho Arroyo.
Esta promesa de no molestar ha sido recibida con alivio, pero también con cierto escepticismo. Porque la sostenibilidad, en ocasiones, implica incomodidades.
No se trata solo de conservar el status quo, sino de impulsar un cambio. Y ese impulso parece ausente del texto en consulta.
En el fondo, el caso de Ciudad Real revela un debate que está lejos de cerrarse: ¿deben las Zonas de Bajas Emisiones ser restrictivas por definición, o pueden adaptarse sin perder su sentido?.
Lo cierto es que la consulta pública está abierta y el debate, también. La ciudadanía tiene ahora la palabra. Las alegaciones que lleguen hasta el 18 de agosto podrían modificar, aunque sea parcialmente, el contenido de la ordenanza antes de su aprobación definitiva.
Y lo que está en juego no es solo un texto legal, sino el modelo de ciudad que Ciudad Real quiere ser en los próximos años.
Una ciudad que se declara “saludable” y con “buena calidad del aire” podría querer aspirar a más. Pero lo que está claro es que, si no se quiere establecer una zona de bajas de emisiones, que no pierdan el tiempo en plenos absurdos.
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