La asociación de Automovilistas Europeos Asociados denuncia que diversos ayuntamientos se niegan a devolver las multas impuestas en las ZBE.
Según denuncia la AEA, dichas administraciones continúan cobrando las multas pese a la nulidad de sus ordenanzas y a los fallos judiciales que invalidan las sanciones.
En el centro del conflicto figura el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo, que acaba de inadmitir el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat, ratificando así la nulidad de su ordenanza reguladora de la ZBE.
Este revés judicial se suma a las anulaciones ya ejecutadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que invalidó las ZBE de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat y Cornellà, y por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, encargado de declarar nula la Ordenanza de Movilidad de la capital.
Pese a estos pronunciamientos, AEA alerta de que muchos consistorios siguen ejecutando las sanciones: “el problema que está surgiendo es que ahora muchos ayuntamientos españoles, bajo la bandera de la protección del medioambiente y de la seguridad vial, han generado un multimillonario negocio de multas de dudosa legalidad, que no quieren devolver”, advierte Mario Arnaldo, presidente de la asociación.
Denomina a estas entidades “ayuntamientos morosos” que no solo no devuelven el dinero, sino que han superado con creces sus previsiones de recaudación, como ocurre en el caso de L’Hospitalet de Llobregat .
La situación es especialmente grave en Madrid, donde la AEA ha documentado que desde septiembre de 2021 hasta julio de 2024 se impusieron 2.506.611 denuncias por acceder a la ZBE, con un importe total de 479.658.910 € .
De acuerdo con la asociación, esas multas deberían haber sido anuladas inmediatamente después del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; sin embargo, el consistorio continuó recaudando a la espera de dictámenes que aún estaban pendientes en el Tribunal Supremo.
Entre otros motivos, resume AEA, lo que se busca es ganar tiempo para evitar que las sanciones pierdan firmeza y queden sin opción de devolución.
Según Arnaldo, la táctica consiste en presentar recursos hieráticos sin esperanza real de salir victoriosos, con el propósito de retrasar la ejecución de la sentencia y mantener viva la vía recaudatoria.
En palabras del propio presidente de la AEA, esta actitud institucional ha permitido que los ingresos por multas superen con creces lo presupuestado originalmente . En muchos casos, las sanciones finalmente quedan en vía ejecutiva, lo que conlleva el embargo de cuentas bancarias de los infractores.
Especial atención merece el análisis que la AEA realiza sobre la situación de L’Hospitalet de Llobregat, donde según su informe se duplicó la recaudación prevista por sanciones de circulación.
Esta desviación en los ingresos ha sido interpretada por la asociación como una señal de abuso institucional, pues en su línea temporal los consistorios deberían haber dejado de imponer y cobrar multas desde la decisión judicial que invalidó las ZBE.
La AEA no se queda en el señalamiento crítico: sugiere medidas concretas para los ciudadanos afectados. La recomendación principal es recurrir inmediatamente todas las sanciones relacionadas con las ZBE y agotar todas las vías de defensa posibles.
La finalidad es evitar que esas multas adquieran firmeza, es decir, que se consideren definitivas y no susceptibles de reversión.
Si finalmente prosperan los recursos y se confirma la ilegalidad de las multas, el afectado podría solicitar su devolución efectiva .
La alerta que lanza AEA no solo pone en cuestión la legalidad de las ZBE mal diseñadas o aprobadas sin rigor jurídico; también desvela lo que denominan una estructura opaca de recaudación local amparada en retrasos legales voluntarios.
En contraargumento, algunos ayuntamientos han invocado motivos de salud pública y mitigación de la contaminación urbana para justificar la imposición continua de sanciones, alegando que las ZBE son necesarias para proteger el entorno y la calidad del aire, y que mientras las normas estén en vigor deben aplicarse, independientemente del estado procesal de los recursos.
Pese a ello, la AEA considera que esas justificaciones no sostienen el cobro tras la anulación jurídica. Por eso insiste en que lo relevante ahora no es solo la defensa individual del automovilista, sino también la necesidad de revisión institucional de estas ordenanzas.
Sería imprescindible que las administraciones locales reconozcan la posibilidad de ilegalidad y procedan a la devolución automática de lo recaudado, sin necesidad de que el ciudadano tenga que litigar durante años.?
Por su parte, la suspensión efectiva de las sanciones deja en manos de cada automovilista afectado la responsabilidad de actuar.
AEA asegura que cuanto antes se interpongan los recursos, mayores garantías hay de que no se consolide la falta de firmeza.
La asociación pide no solo defensa individual, sino que este sea un llamamiento colectivo: reclamar transparencia y responsabilidad ante lo que consideran injusticias procedimentales que, en última instancia, erosionan la confianza en la gestión municipal.
