El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha emitido una sentencia que despeja una de las principales dudas sobre la continuidad de las sanciones en la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona.
Aunque la primera ordenanza fue anulada en 2022, el tribunal ha confirmado que el Ayuntamiento puede seguir imponiendo multas y que mantiene la competencia para regular la ZBE.
Este fallo se convierte en una pieza clave no solo para la ciudad, sino también para otros municipios del área metropolitana que enfrentan situaciones similares.
El recurso fue presentado por la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias, que pretendía anular todas las multas impuestas tanto con la normativa anterior como con la actual y solicitaba la paralización de cualquier nuevo procedimiento sancionador.
Sin embargo, el tribunal ha rechazado estas pretensiones al entender que la ciudad conserva su potestad sancionadora y que no está obligada a anular de oficio las sanciones ya impuestas.
Solo si los afectados lo solicitan expresamente podrían revisarse los expedientes. Además, aclara que las sanciones ya abonadas y no recurridas no deben ser devueltas, mientras que las que aún se encuentren en fase de recurso o embargo provisional sí podrían ser reintegradas.
Este criterio ya venía siendo aplicado por el Ayuntamiento de Barcelona, que ha dejado de ingresar unos 20 millones de euros al paralizar algunos procedimientos sancionadores, y también por L’Hospitalet de Llobregat, que ha hecho lo propio con 2,3 millones de euros.
La decisión judicial despeja la incógnita que existía tras la anulación de la primera ordenanza y reafirma que Barcelona puede continuar multando incluso mientras elaboraba una nueva normativa, que de hecho fue aprobada en enero de 2023.
Esto significa que la ciudad nunca quedó desprovista de cobertura legal para seguir aplicando sanciones.
El fallo no se limita a Barcelona. Su carácter pionero lo convierte en un precedente para otros municipios del área metropolitana y de toda España que también vieron cómo sus zonas de bajas emisiones eran cuestionadas o anuladas en los tribunales.
La sentencia supone un respaldo a las políticas municipales que buscan limitar la circulación de los vehículos más contaminantes, incluso cuando se ha producido un revés judicial.
De hecho, el dictamen aclara que no corresponde a los tribunales impedir que un ayuntamiento apruebe nuevas ordenanzas para adaptar su regulación, como ya hizo Barcelona en 2023.
Para los ciudadanos afectados, esta resolución puede tener consecuencias directas. Quienes pagaron sus multas sin presentar recurso no podrán recuperar su dinero.
Sin embargo, aquellos que tengan procedimientos pendientes de resolución sí podrían aspirar a que se les reintegre el importe abonado. Esto plantea un escenario en el que solo una parte de los sancionados podría beneficiarse de las resoluciones judiciales previas, mientras que otros verán consolidada la validez de las multas pagadas sin impugnación.
El contexto que rodea esta sentencia abre un debate que trasciende lo meramente jurídico. Por un lado, se refuerza la autonomía municipal para legislar y proteger la salud pública y la calidad del aire en las ciudades.
Por otro, se pone en cuestión si es justo mantener las sanciones derivadas de una ordenanza que fue anulada en su momento.
Además, deja abierta la posibilidad de que más ayuntamientos se sientan legitimados para endurecer las restricciones de circulación sin esperar a resolver del todo los procesos judiciales que cuestionan sus normativas anteriores.
Lo que queda claro es que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña marca un punto de inflexión. Barcelona podrá seguir aplicando su modelo de ZBE sin mayores obstáculos legales y, lo que es más significativo, lo hará con el respaldo de una doctrina que puede ser replicada en otros municipios.
Esto supone una victoria para el consistorio y para quienes defienden las políticas ambientales, pero también deja un sabor amargo entre los conductores que esperaban ver anuladas de forma automática todas las multas pasadas.
La polémica está servida y promete seguir alimentando el debate sobre los límites entre protección ambiental y derechos individuales.
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