Desde el 1 de julio de 2025, los conductores que accedan a la ZBE de Sevilla pueden ser sancionados con multas de hasta 200 euros, que se reducirán a 100 euros si se abonan en los primeros veinte días.
La ciudad de Lleida ha dado un paso firme en la aplicación de las políticas medioambientales con la entrada en vigor definitiva de su Zona de Bajas Emisiones.
Esta medida llega tras un periodo de seis meses en el que solo se informaba de las restricciones, sin imponer sanciones. El núcleo de la ZBE en esta primera fase es el Barri Antic, delimitado por calles clave como la Rambla Aragó, Blondel, Balmes y Príncep de Viana, aunque las vías que marcan el perímetro están excluidas de las restricciones.
La normativa establece que podrán circular sin problema los vehículos que pagan el impuesto de circulación en Lleida, además de aquellos que dispongan de etiquetas medioambientales de la DGT 0 y ECO.
También se permite el acceso a turismos gasolina matriculados a partir de 2001 y diésel desde 2006. En cambio, los vehículos que no cumplen estos criterios podrán acceder únicamente de lunes a viernes, entre las 7:00 y las 20:00, y dispondrán de un límite de 24 accesos durante 2024 y de 12 accesos en 2025.
El Ayuntamiento ha instalado un sistema de control compuesto por 23 cámaras repartidas en 10 puntos estratégicos, además de sensores para medir la calidad del aire, una red tecnológica que permitirá la vigilancia automática de los accesos en tiempo real.
Aunque desde el consistorio insisten en que esta medida es obligatoria por las normativas estatal y autonómica, la reacción ciudadana está lejos de ser unánime.
El presidente de la asociación de vecinos de Jaume I, Jaume Millas, ha reconocido que podría ayudar a reducir la saturación de vehículos viejos en la zona, pero ha reclamado mayores facilidades para trabajadores que no residen en Lleida. Por su parte, la plataforma Som Veïns ha calificado la medida como insuficiente, tildando la ZBE de “laxa” y criticando que solo se aplique al Barri Antic.
Su portavoz asegura que esta restricción discrimina a quienes no disponen de parking privado en la zona y recuerda que la mayoría de vecinos todavía utilizan su coche como medio principal para desplazarse por motivos laborales.
Mientras tanto, el Ayuntamiento ha activado un procedimiento para solicitar exenciones que ha recibido ya más de un centenar de solicitudes.
Entre las excepciones previstas están los residentes en la zona, personas con movilidad reducida, vehículos de emergencia o sanitarios, familias con rentas bajas según el indicador público de renta, así como vehículos que necesiten acceder de forma puntual por razones profesionales o médicas.
Además, los residentes empadronados en la ciudad cuentan con una exención automática si pagan el impuesto de circulación en Lleida.
A pesar de las críticas y de la confusión de muchos ciudadanos sobre las calles afectadas y los vehículos que pueden circular, la Paeria mantiene su hoja de ruta y ya ha anunciado que habrá una segunda fase de ampliación en 2028, cuando la ZBE alcanzará zonas más amplias del centro de la ciudad, hasta el Passeig de Ronda e incorporando barrios como Noguerola.
En 2030 se prevé una tercera fase que incluirá también el barrio de Cappont, lo que supondrá que prácticamente todo el núcleo urbano de Lleida estará bajo las restricciones de circulación para vehículos contaminantes.
Las campañas informativas seguirán activas para aclarar dudas, con buzoneo de información, reuniones con entidades vecinales y publicaciones en los canales municipales.
La teniente de alcalde de Movilidad, Cristina Morón, ha defendido en reiteradas ocasiones que se trata de un compromiso con la lucha contra el cambio climático y que la aplicación en fases permitirá que la población se adapte de forma progresiva. Ha insistido además en que se trata de una medida flexible que pretende minimizar el impacto para la ciudadanía, mientras se avanza hacia un modelo urbano más saludable y sostenible.
No obstante, el debate sigue abierto en Lleida. Para muchos, estas restricciones son un paso lógico y necesario para mejorar la calidad del aire y reducir la saturación de coches en el centro histórico.
Para otros, la ZBE en su configuración actual castiga a las rentas más bajas y a quienes dependen del vehículo privado para trabajar. Además, se critica que aún no existan alternativas suficientes en el transporte público para compensar la restricción, una carencia que podría acentuarse cuando se amplíe la zona restringida en los próximos años.
Mientras tanto, otras ciudades de más de 50.000 habitantes en España están siguiendo caminos similares, aunque cada una con calendarios y criterios distintos, lo que añade más elementos al debate.
Los expertos en movilidad urbana coinciden en que estas medidas funcionan para reducir la contaminación a medio plazo, pero advierten que su éxito depende de la creación de alternativas reales para la movilidad de quienes no pueden permitirse simplemente dejar de usar el coche.
En Lleida, la ZBE ha llegado para quedarse y lo ha hecho con polémica, con opiniones divididas y con un horizonte claro de expansión hasta abarcar casi toda la ciudad en menos de cinco años. La clave será si el Ayuntamiento es capaz de gestionar bien esta transición y si ofrece a los ciudadanos opciones viables que no conviertan una medida ambientalmente necesaria en un problema social de difícil solución.
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