Ciudad Real desafía al gobierno central al crear una ZBE sin ninguna restricción a los vehículos más contaminantes.
La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Ciudad Real ha dejado de ser una imposición técnica para convertirse en el centro de un debate ciudadano sobre movilidad, justicia social y cumplimiento de las normativas ambientales.
Bajo la premisa de que esta no será “una zona para ricos”, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha reiterado que la futura ZBE no establecerá restricciones generales para ningún tipo de vehículo. Solo se aplicarán limitaciones puntuales en los días en que se registren niveles altos de contaminación atmosférica, según determinen los medidores de calidad del aire distribuidos por la ciudad.
Este modelo rompe con la idea extendida en otras ciudades de imponer vetos permanentes a los coches sin etiqueta ambiental o con distintivos menos eficientes.
Cañizares ha insistido en que muchos de los vecinos que viven en el centro de Ciudad Real no tienen intención de cambiar de vehículo, por lo que su objetivo es garantizar que puedan seguir usando su coche sin restricciones.
También ha subrayado que quienes accedan desde fuera a la ciudad solo se verán afectados por restricciones en casos muy puntuales, como episodios de contaminación elevados, con una duración de uno o dos días.
Este planteamiento dista del que propuso el anterior equipo de gobierno, integrado por PSOE y Ciudadanos, que diseñó una ZBE mucho más extensa, abarcando todo el interior de la ronda.
En contraste, el modelo actual se limitará a calles peatonales y zonas que están en obras, buscando evitar que la normativa interfiera con la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos.
El compromiso del Ayuntamiento es que la nueva ZBE entre en vigor antes de que finalice el año, sin afectar a residentes ni a otros vehículos con necesidad de acceso al centro. De hecho, tampoco habrá restricciones en las zonas de influencia de las calles peatonales, salvo en jornadas específicas en las que se registren altos niveles de contaminación.
Paralelamente, el consistorio trabaja en corregir un error de forma que afecta al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). El anterior PMUS, elaborado durante el mandato de PSOE y Ciudadanos, fue aprobado en Junta de Gobierno Local en agosto de 2022, en lugar de ser aprobado en Pleno como corresponde al tratarse de una norma de carácter reglamentario.
El actual equipo de gobierno ha anunciado que subsanará esta anomalía, retomando el documento que ya se había desarrollado y adaptándolo a su nuevo modelo de ciudad.
La reactivación del PMUS va acompañada de una consulta pública abierta a la ciudadanía hasta el 24 de junio, en la que se exponen los objetivos principales del plan. Entre ellos, destaca la intención de reducir un 40 % las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y un 10 % las de dióxido de carbono (CO2) para el año 2030.
También se contempla un incremento de la movilidad peatonal y ciclista hasta alcanzar un 35 % del total, y del uso del transporte público hasta un 20 %, mediante mejoras en infraestructuras y renovación de la flota de autobuses.
A esto se suma la obligación de monitorizar en tiempo real la calidad del aire, reducir a la mitad los accidentes con víctimas en zonas urbanas, y garantizar la accesibilidad del 100 % de las infraestructuras de movilidad. En lo que respecta a la distribución urbana de mercancías, se quiere fomentar el uso de vehículos de tipo ECO o CERO emisiones, apoyados por sistemas de carga y descarga adaptados y plataformas de distribución de última milla.
Todas estas medidas responden al mandato legal recogido en la Ley de Cambio Climático, que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a contar con una ZBE. Sin embargo, el modelo que defiende el gobierno local de Ciudad Real ha encendido el debate sobre hasta qué punto una ZBE flexible, sin restricciones permanentes ni sanciones automáticas, puede considerarse legítima y cumplir realmente con los objetivos de reducción de emisiones.
En este contexto, el Gobierno central ha anunciado que impondrá criterios más estrictos para las ZBE, que deberán incluir sanciones y restricciones reales, no simples mecanismos de concienciación o limitaciones simbólicas.
La presión normativa amenaza con poner en entredicho los modelos más suaves, como el de Ciudad Real, especialmente si no incluyen medidas coercitivas efectivas.
Además, la oposición municipal ha acusado al alcalde de falta de transparencia y de ocultar detalles importantes sobre la reubicación de plazas de aparcamiento y los posibles cambios en las tarifas nocturnas.
También se cuestiona la utilidad real de la ZBE si su aplicación se limita a momentos muy puntuales, sin que existan sanciones para los vehículos más contaminantes que accedan al centro de la ciudad durante el resto del año.
En paralelo a todo este proceso, el Ayuntamiento avanza en nuevas infraestructuras que complementan el modelo de movilidad sostenible. Entre ellas, destacan la construcción de dos aparcamientos disuasorios en las afueras, que aliviarán la presión en el centro durante las obras de peatonalización, y la rehabilitación del aparcamiento del Museo del Quijote.
A ello se suma la incorporación de nuevos autobuses urbanos propulsados por gas GLP, con mejoras en accesibilidad y formas de pago adaptadas a los hábitos actuales.
Asimismo, se prevé que en septiembre entre en funcionamiento una pasarela ciclo-peatonal que conectará Ciudad Real con Miguelturra. Esta infraestructura, de más de 120 metros, facilitará el tránsito no motorizado entre ambas localidades, beneficiando a más de 90.000 personas.
Ciudad Real se enfrenta a una encrucijada: convertirse en ejemplo de equilibrio urbano o quedar señalada como una de las ciudades que no han sabido tomarse en serio la urgencia climática.
